Detrás de cada chico que trabaja o pide hay un padre desocupado. Podemos definir al trabajo infantil como aquel que "priva a los niños de su infancia y su dignidad, impide que accedan a la educación y adquieran calificaciones, y se lleva a cabo en condiciones deplorables y perjudiciales para su salud y desarrollo".
La Convención de los Derechos del Niño establece en su Art. 32 - Inc. 1: "Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental espiritual, moral o social".
Si bien nuestro país ratificó los Convenios de la OIT, que establecen las edades mínimas de admisión al empleo, cumpliendo con lo pedido por la Convención de los Derechos del Niño en su art. 32 inc. 2, el trabajo infantil es un fenómeno que crece a pasos agigantados en consonancia con la crisis económica y social que viene atravesando la Argentina.
La pobreza, la marginación y las pautas culturales son las principales causas que se toman en consideración a la hora de comprender la problemática de la explotación económica infantil, más allá de que en la misma confluyan una multiplicidad de factores, tanto económicos como sociales.
Se observa que los ingresos obtenidos con el trabajo de los niños muchas veces contribuyen a la subsistencia familiar. Sin embargo, cuando se habla de trabajo infantil no sólo se incluye a los chicos que trabajan en la calle sino también a los que realizan tareas dentro de sus casas, cumpliendo roles y tareas que no corresponden con su edad, por ejemplo cuidando a sus hermanos para que sus padres puedan tener un trabajo rentado fuera del hogar.
En la Argentina trabajan casi dos millones de niños. En la última década el trabajo infantil se multiplicó por ocho. La mitad de estos chicos termina abandonando la escuela para trabajar y ayudar a su familia a obtener los recursos económicos mínimos y necesarios para la supervivencia del núcleo familiar. Esto deja en claro que el problema trasciende el incumplimiento de las leyes de protección del trabajo infantil.
Hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de políticas destinadas a la creación de empleo que tiendan a fortalecer el trabajo de los adultos y, por ende, a evitar la explotación económica de los chicos. Cuando los chicos no se vean obligados por las circunstancias a trabajar para ayudar a su familia, disminuirá la deserción escolar por esta causa.Es necesario, por un lado, recuperar la cultura del trabajo y permitir el acceso a un empleo digno a todos aquellos que hoy se encuentran excluidos del mundo laboral y, por el otro, asegurar el acceso a una educación de calidad que les permita a los chicos romper el círculo vicioso que los mantiene, a ellos y a las generaciones futuras, en la pobreza y la indigencia.
Fuente: Comisión Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires
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