En un artículo publicado recientemente en un diario porteño, se señala el resultado de una encuesta realizada para evaluar si la escuela está preparada para enfrentar incidentes y agresiones que protagonizan sus alumnos prácticamente a diario.
El resultado arroja que para el 49% de los porteños, la escuela actualmente, no está preparada. El 62% piensa que los hechos de violencia se vinculan con una general crisis de valores que aún las familias no logran encauzar. La mayoría vincula los hechos de violencia con la falta de contención familiar, el alcohol y las drogas, pero también con el contenido de los programas de televisión.
La encuesta se realizó entre seiscientos veinte ciudadanos porteños y fue realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, justamente en un año en el que proliferaron los hechos violentos en las escuelas y que, en muchos casos, involucran a docentes y son filmados y exhibidos a través de Internet.
Lo significativo de ésto es que los resultados señalan algunas contradicciones porque por un lado, el setenta y uno por ciento de los encuestados se preocupan por lo que acontece en este sentido y se preocupan "mucho" pero por el otro, hay un veintinueve por ciento que dice ser indiferente ante hechos de violencia escolar porque lo atribuyen a que actualmente se hacen públicos y en otros tiempos sucedía pero no se sabía.
Quizá esta evaluación surja de pensar que la crisis de valores que se instaló en la Argentina viene desde hace mucho tiempo, una crisis de carácter general que terminó por invadir cada ámbito de la vida ciudadana, personal, familiar, laboral e incluso religiosa.
Otros atribuyen el auge de estos hechos a la influencia de las nuevas tecnologías que rápidamente contribuyen a su difusión y por último, al momento de consultar a los encuestados sobre las acciones a llevar a cabo para prevenir estas situaciones, las respuestas pasan desde controlar el consumo de alcohol y drogas, presionar a los medios de comunicación hasta un mayor involucramiento familiar.
Pero la principal responsabilidad se atribuye a las macro políticas, como las de control de drogas y alcohol y se señala que los jóvenes se encuentran hoy más expuestos porque las familias los han desatendido aunque, para muchos, el problema es únicamente de los jóvenes. En definitiva, lo que la encuesta revela es que las opiniones se dividen y, mientras para el cuarenta y nueve por ciento de los porteños, la escuela no está preparada para enfrentar el problema, el cuarenta y dos por ciento cree que sí lo está.
En lo que sí hay acuerdo es en rechazar el regreso al sistema de amonestaciones y expulsiones de estudiantes que se intenta reflotar porque consideran que el problema debe ser enfocado de otra manera.
Según el informe final del sondeo, la razón por la que la mayoría rechaza este tipo de sanciones es porque en la actualidad, los jóvenes se encuentran solos y no cuentan con el interés, apoyo y presencia activa de sus padres.
El caso es que los argentinos -opina uno de los responsables de la encuesta - siguen apostando al sistema educativo a pesar de la percepción de cierta decadencia y desilusión y que, los encuestados plantean que los temas de violencia exceden lo que el sistema educativo podría normalmente esperar. Los maestros no saben muy bien qué hacer y no debe recaer en ellos toda la responsabilidad.
Respecto de los medios, siete de cada diez porteños sostienen que la televisión promueve comportamientos violentos y la discriminación. El 44% opina que la violencia no es adecuadamente tratada en los medios.
Sin embargo el 30% dice que sí la exponen de manera adecuada De todo lo antedicho ¿qué se puede deducir?, que no sólo en este tema, sino en muchos otros, la sociedad argentina es una sociedad dividida, partida en dos, especialmente a partir de hechos acaecidos últimamente.
No hay acuerdo y oscilamos pendularmente entre dos creencias: la de que todo da lo mismo y la de que no va a cambiar nada nunca entonces lo mejor es no meterse e ignorar lo que pasa más allá de nuestras fronteras personales.
Se habla de políticas públicas pero en general, las políticas públicas actualmente, no favorecen que la familia pueda hacerse cargo de su función parental.Los padres y madres se hallan en situación límite entre su trabajo y la lucha por la supervivencia, cada vez se trabaja más y se gana menos dinero y muchas familias se han sumido en la indigencia.
Si muchos asumimos que la familia es la primera educadora, la que previene y contiene en algunos momentos, y corrige y atiende en otros, debemos luchar porque se generen políticas públicas que la amparen y no dejen a tantos niños y jóvenes, especialmente adolescentes, sin la guía y la contención de su familia. Los padres tenemos que poner nuestro granito de arena pero el estado y demás instituciones tienen el deber de ayudarnos.
María Inés Maceratesi
Fuente: Diario La Nación
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