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sábado, 5 de febrero de 2011

La paradoja del socialismo liberal


Por
Javier Úbeda Ibáñez

No deja de ser una paradoja lo que sucede en el socialismo liberal. Se trata de algo que nos interesa especialmente porque atañe de un modo muy inmediato a la cuestión del derecho de los padres a elegir los centros educativos de sus hijos. Salvo honrosas excepciones, todos los socialistas liberales son partidarios de la enseñanza estatal en exclusiva. Con esto se comprueba una vez más la tendencia de todo socialismo a convertirse en un “estatismo”, y conste que el socialismo liberal no ha dejado de preocuparse, precisamente en virtud del coeficiente liberal que en él existe, de los graves problemas que la centralización y el estatismo le plantean al valor de la libertad del ciudadano.

Por lo común, ante el socialismo liberal la gente no se interesa sino por la cuestión de hasta qué punto admite éste los derechos de la propiedad privada. Ciertamente se trata de una cuestión importante no ya sólo en sí misma, sino también por sus repercusiones sobre otros asuntos decisivos en la estructura de la coexistencia humana o de la vida civil en general. Pero si el tema de la propiedad privada es importante, ello en último término se debe a que ésta significa un instrumento que hace posible la iniciativa privada y, a la vez, la iniciativa privada no se limita a sus aplicaciones a los bienes de naturaleza material.

En el ámbito de esa iniciativa entran también, y en una forma eminente, otros bienes de rango superior: los que son el objeto de la actividad educativa en su más amplio o esencial sentido. Y todos ellos se relacionan claramente con la dignidad de la persona humana y con la libertad propia de ésta.

El socialismo liberal reconoce y acepta la libertad, también la justicia, pero entendiéndolas en la forma de unas grandes rúbricas abstractas, enteramente indeterminadas, que en principio todos los hombres están dispuestos a admitir. Las discrepancias empiezan cuando hay que determinar concretamente la forma de llevar a cabo la justicia y la libertad (como igualmente la tolerancia, inicialmente entendida, asimismo, como un valor abstracto).

A la hora de hacer esa concreta determinación surgen las diversas opiniones y la única forma de establecer algo definitivo es recurrir al sistema de la votación y respetar lo que salga de las urnas. En este sentido, el socialismo liberal es evidentemente liberal. Nadie puede negarle que se merece este título. Pero el socialismo liberal ha ido mucho más lejos que el viejo liberalismo, aunque es verdad que ya en éste se encontraban los gérmenes del extremoso relativismo en que hoy se incurre. De todas formas, el viejo liberalismo reconocía, a su modo, unos ciertos derechos naturales, que como tales no se discutían. Pero el socialismo liberal no reconoce estos derechos naturales. Para él, todo es opinable, porque no admite que el hombre esté previsto de una naturaleza o esencia que él mismo pueda conocer y de la cual derivan unas expresiones objetivas igualmente esenciales. Las únicas exigencias de las que el socialismo liberal se manifiesta abiertamente partidario son de carácter técnico, de tal manera que el coeficiente socialista que en esta ideología existe resulta así presentado como un elemento necesario para la mejor organización de la sociedad.

Cabalmente es la técnica socialista de la organización de la sociedad donde se halla el motivo por el que ha de excluirse, según este movimiento, toda enseñanza que no sea la del Estado. Y así hace falta decir que en este punto el llamado socialismo liberal es mucho menos liberal que socialista. En materia de educación, se trata de un movimiento que representa un puro y simple socialismo, sin mezcla alguna de liberalismo. Aunque usa el adjetivo liberal, prescinde de su significado y su valor a la hora de establecer concretamente el modo en que la enseñanza debe ser impartida, interpretándola como uno de los cometidos del Estado y excluyendo el derecho de la iniciativa privada a la creación de los centros educativos correspondientes.

Es increíble la ceguera que hay en este asunto cada vez que se le examina desde el punto de vista del simple interés político. Porque en efecto sucede que incluso los que se muestran partidarios del llamado socialismo liberal, lo consideran, no obstante, como efectivamente liberal, basándose en que este movimiento entra en el juego del sistema de los partidos y está dispuesto en su caso, a admitir lo que salga de las urnas. ¡Qué pobre idea de la libertad! Por lo visto, se piensa que la respetan los que no admiten el derecho de los padres a la elección de los centros educativos de sus hijos.

¿Piensan ustedes, realmente, que cabe ser liberal a la vez que se niega ese derecho? ¿O es que el derecho en cuestión se refiere a un asunto de muy poca o ninguna trascendencia?

Mucho nos tememos que la discusión de la validez de los diversos movimientos políticos se esté llevando a cabo sin entrar a fondo en las cuestiones de mayor trascendencia e importancia. Y estamos seguros de que la mayoría de los que hablan sobre el socialismo liberal sin ser partidarios de él no llegan ni tan siquiera a preguntarse cuál es la actitud que éste mantiene en una cuestión tan grave como la tarea educativa. Hasta tal punto hay ignorancia y confusión acerca de ello, que hemos podido comprobar que no son pocos los que se figuran que la actitud del socialismo liberal en materia de educación se reduce al principio de la igualdad de oportunidades, es decir, a algo que esencialmente nadie niega en el momento presente.

Pero una cosa es la igualdad de oportunidades y otra la tesis de que el Estado tiene el monopolio del derecho a la educación. Tal monopolio no se justifica por la mencionada igualdad. Porque la obligación de hacer posible que todos los ciudadanos se eduquen –una obligación del Estado, sin duda alguna– no autoriza a afirmar que todos los centros educativos hayan de ser estatales. Para resolver los problemas económicos implícitos en el derecho de todos los ciudadanos a ser educados, no hace ninguna falta que sean instituciones estatales los centros de educación.

jueves, 22 de abril de 2010

Toque de queda para adolescentes en Miami


By TANIA VALDEMORO
tvaldemoro@MiamiHerald.com


Apartir del primero de mayo el gobierno municipal de Miami pondrá en práctica un polémico toque de queda para los adolescentes, promulgado por el Condado Miami-Dade, que prohíbe a las personas de 17 años o menos años estar en la calle después de las 11 p.m. las noches de semana y después de la medianoche los viernes y sábados.

Los padres también se verán afectados. Después de la cuarta o quinta infracción, el padre o la madre del menor pudiera recibir una multa de un máximo de $500.
La ordenanza está en los estatutos del Condado desde 1994. Gracias al comisionado miamense Richard P. Dunn II, la Policía de Miami comenzará a aplicar la medida en todo el municipio.
"Esta no es la única solución para detener la violencia en nuestra comunidad'', dijo Dunn el lunes en una reunión comunitaria en el Parque Charles Hadley de Liberty City. "Pero puede servir una medida preventiva para proteger a nuestros jóvenes''.

Designado en enero para reemplazar a la comisionada Michelle Spence-Jones, Dunn dijo que una de sus prioridades es eliminar los tiroteos como los recientemente ocurridos en Overtown y Liberty City.

Dunn trabajará con la policía local y las autoridades del distrito escolar para explicar el toque de queda --que según funcionarios condales ya se aplica en zonas no incorporadas-- hasta el primero de mayo.

Según la ordenanza, las personas de 17 o menos años no podrán estar en la calle después de las 11:00 p.m. los días de semana y después de la medianoche los viernes y sábados a menos que estén acompañados por uno de sus padres o guardianes, o un adulto de más de 21 años.

También hay otras excepciones: por ejemplo, si el adolescente asiste a un evento escolar, religioso o de recreación, o si trabaja y está regresando a casa, puede estar en la calle después de la hora del toque de queda.

El agente Keith Cunningham, supervisor de la policía en Liberty City, El Pequeño Haití y la zona noreste, dijo que los agentes detendrán e interrogarán a todos los adolescentes que vean después del toque de queda. Todo joven que parezca estar infringiendo el toque de queda podrá recibir una citación civil.

No se arrestará a los jóvenes por violar el toque de queda a menos que también hayan infringido otra ordenanza, como fumar marihuana, dijo Cunningham.
La policía recogerá al adolescente y lo llevará a una subestación de policía. En el área de Cunningham, sería en el 1000 NW 62 St. en Liberty City. Los padres tendrán que recoger a sus hijos allí. De lo contrario, un agente los llevará a casa.

Cunningham dijo que la policía no patrullará las calles todas las noches, pero que hará cumplir el toque de queda más de una vez a la semana. La mayor parte del tiempo, la policía responderá a llamadas de los vecinos. Si un agente descubre, al responder a una llamada de servicio, que un adolescente infringe el toque de queda le dará una citación, indicó Cunningham.

Después de tres citaciones, el Departamento de Niños y Familias del estado se reunirá con la familia.

Después de la cuarta o quinta vez, su padre o madre podría recibir una multa de hasta $500, dijo Cunningham.

Dunn, quien admitió que el toque de queda es poco popular políticamente y podría costarle la reelección en noviembre, recibió la aprobación de los adultos, quienes expresaron su apoyo a la polémica medida.

Queen Brown, activista contra la violencia cuyo hijo Eviton fue asesinado a tiros hace tres años, dijo que pensaba que el toque de queda era buena idea.

"Sólo quiero que nuestros hijos estén protegidos'', dijo Brown. ``Quiero que vivan, que prosperen y que crezcan''.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) de la Florida ha expresado preocupaciones. El viernes pasado, La Rhonda Odom, del Proyecto de Justicia Racial del grupo, le dijo a Dunn en el Ayuntamiento de Miami que a la ACLU le preocupa que la medida infrinja los derechos constitucionales de las personas a la privacidad y a la libertad de movimiento.

"Nos preocupa que este tipo de toque de queda aumentará las probabilidades de que los jóvenes entren en contacto con la policía. Va a criminalizar la conducta normal'', dijo Odom.

En el 2005 el Tribunal Supremo de la Florida decidió que ordenanzas similares de Tampa y Pinellas Park eran inconstitucionales, pero el tribunal no ha fallado sobre la de Miami-Dade, dijo Muslima Lewis, abogada de la ACLU.

"Si el toque de queda juvenil de Miami-Dade no se apega al fallo judicial habrá serias preocupaciones sobre su constitucionalidad'', dijo.

Fuente: El Nuevo Herald (Sur de la Florida) 21-4-2010

jueves, 5 de noviembre de 2009

Gratuidad escolar discriminatoria


Por Javier Úbeda Ibáñez

El monopolio estatal, incluso cuando por razones tácticas no se postula abiertamente, puede querer imponerse en la práctica por otros caminos. El camino más trillado será, sin duda, el de la gratuidad escolar discriminatoria. En efecto, si se implanta la gratuidad exclusivamente en las escuelas estatales, sostenidas totalmente con cargo al presupuesto nacional, mientras que el Estado rehúsa prestar una ayuda eficaz a las escuelas de fundación no estatal, entonces la libertad educativa, aun admitida por la letra de la ley, de hecho se desvanece y está llamada a desaparecer tarde o temprano; y la razón es obvia: las escuelas libres y autónomas, abandonadas a sus solos recursos, se convertirán pronto en económicamente prohibitivas para la inmensa mayoría de los padres.

La defensa del derecho de los padres a la educación de los hijos, la libertad para que puedan escoger las escuelas que en conciencia prefieran, es uno de los imperativos cristianos que el ciudadano católico ha de lograr que sean respetados en el presente y en el futuro de un país. La educación –conviene decirlo- no es un servicio público, si por tal se entiende un monopolio excluyente del Estado, como si los niños y jóvenes fueran bienes de dominio público. Ha de quedar bien claro –hay que repetirlo hasta la saciedad- que los hijos son de los padres, que los hijos no son del Estado. Donde son del Estado, no existe libertad ni democracia, sino tiránico y refinado totalitarismo. La educación es un servicio, sí, pero un servicio social, una gran empresa colectiva que la sociedad entera –padres de familia, instituciones, grupos de ciudadanos, etc.- tienen el derecho y a veces el deber cívico y cristiano de promover. Y el Estado ha de reconocer que, cuando esos centros ofrecen las garantías que el bien común demanda, la función social que cumplen será, cuando menos, tan valiosa y respetable como la de las escuelas estatales.

Hace falta proclamar –insistamos aún- que la libertad educativa no es compatible con una gratuidad escolar discriminatoria, es decir, exclusiva de los centros del Estado, sostenidos con fondos públicos. La gratuidad no puede ser nunca la prima de expropiación forzosa de los hijos, el precio por el que muchos padres se vean obligados a enajenar su derecho a elegir la escuela donde educarles. La justicia distributiva exige que no sea así. La gratuidad podrá establecerse o no, y hasta un nivel u otro, según lo permitan en cada momento las posibilidades de un país. Pero, para cualquier supuesto, los medios económicos que el Estado dedica a la educación deben ser distribuidos con justicia entre todos los centros de enseñanza, sean éstos creados por la iniciativa del Estado o por iniciativas no estatales, con tal que unos y otros estén al servicio de la sociedad, en igualdad de condiciones académicas y sin discriminación alguna para los alumnos.